La violencia contra las mujeres no cesa. Una sociedad más justa y equitativa requiere cambios que pasan por la justicia pero también por la educación.
Como todos los años, este 8 de marzo muchas mujeres se encontrarán en las calles para marchar en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
El panorama actual de los avances por sus derechos pinta algo mejor que hace unos años. El 21 de febrero de 2022 la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, y el Ministerio de Salud saldó una deuda que tenía pendiente: regular la atención para garantizar este derecho. Se sancionó la ley que crea el Ministerio de la Igualdad para beneficiar a las mujeres en todas sus diversidades, y estará en cabeza de la primera vicepresidenta negra de Colombia: Francia Márquez.
Sin embargo, siguen faltando garantías para que las mujeres vivan una vida libre de violencias. Es por eso que este año se eligieron tres consignas para la movilización del 8 de marzo: romper el silencio, tejer dignidad y exigir justicia feminista, de acuerdo con Laura Torres, integrante de Somos un Rostro Colectivo, que organiza una de las marchas en Bogotá.
Cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que entre 2020 y 2022 fueron atendidos 15.784 casos de violencia de género. Medicina Legal informó que en 2022, cada ocho horas una mujer fue asesinada. Y en 2023, solo en el mes de enero, el Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista identificó 49 asesinatos de mujeres por razones de género. “Si revisamos nuestros reportes en términos históricos, no podríamos decir que hay un aumento, sino una tendencia estática en números”, dice Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio. Pero, advierte, “con las violencias contra las mujeres tenemos que tener presente que más allá de los números esas estadísticas no evidencian la totalidad de las afectaciones”.
Solo en Bogotá, el año pasado la Secretaría Distrital de la Mujer encontró que más de 400.000 casos de violencia intrafamiliar y sexual no se denunciaron entre 2020 y 2021. Se denunciaron 53.434 casos de violencia intrafamiliar, cuando la cifra real de mujeres víctimas llegó a 404.694; una diferencia de 351.260.
Actualmente, Colombia no cuenta con un reporte nacional de feminicidios, sino que la información está dispersa en distintas instituciones y organizaciones. Medicina Legal registra los homicidios a mujeres, la Fiscalía es quien imputa los feminicidios y las organizaciones sociales llevan sus propios conteos.
Ahora está sobre la mesa la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que plantea la creación de un sistema de monitoreo de las violencias de género, pero aún no es claro cómo se hará. Contar con un reporte nacional de feminicidios permitirá encaminar acciones más eficaces hacia la prevención.
La violencia contra las mujeres es un asunto estructural. Y así “tengamos avances jurídicos y legales es innegable que sin la distribución de la riqueza y la disminución de las desigualdades es difícil eliminar las violencias contra las mujeres”, señala Estefanía Rivera.
“La pobreza de las mujeres sigue siendo crítica, el desempleo sigue siendo superior al de los varones y las diferencias en los salarios entre unos y otros se mantienen”, señala Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer.
Se necesitan, de la misma manera, cambios estructurales. Acceso amplio a la justicia, a la educación, al trabajo; cambios para que más mujeres puedan tomar la decisión de dejar relaciones violentas, romper círculos de violencia y vivir vidas plenas.
La violencia es también un asunto sociocultural. Por eso, la educación y la crianza con equidad, que transforman los paradigmas en favor de una sociedad libre de machismo, también tienen un papel importante. “Un Estado debe garantizar derechos, como el derecho a la educación, y la sociedad tiene la responsabilidad, a través de sus estructuras, como la familia, de cambiar esta situación”, dice Sánchez.
Asistimos a un momento histórico en el que cada vez las mujeres ganan más autonomía, están menos dispuestas a aceptar las desigualdades históricas y cuentan con más instrumentos jurídicos que les permiten exigir sus derechos. Habitamos una sociedad más sensible que sanciona las injusticias contra las mujeres y grupos vulnerables. Eso genera una tensión, explica Sánchez, la cuestión es cómo lo dirimimos: ¿a través de la violencia o de la democracia?
*Bienestar Colsanitas.
Dejar un comentario